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El derecho human a la paz

Por Dr. Carlos Villán Durán[1], Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

[1] Profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos; Codirector del Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá (Madrid); Miembro de la Fondation René Cassin, Institut International des Droits de l’Homme (Estrasburgo) ;  Antiguo miembro de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1982-2005) (Ginebra). cvillan@aedidh.org  http://www.aedidh.org

  1. INTRODUCCIÓN

Trasladar el valor universal de la paz a la categoría jurídica de derecho humano ha sido el propósito de la iniciativa legislativa llevada a cabo por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) a partir de la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, que fue adoptada el 30 de octubre de 2006 por un comité de redacción de 15 expertos españoles[1]. Desde entonces, la AEDIDH lideró exitosamente la campaña mundial a favor del reconocimiento del derecho humano a la paz (2007-2010), por medio de la cual la Declaración de Luarca fue compartida y debatida por personas expertas independientes en consultas organizadas por la AEDIDH en todas las regiones del mundo.

Las contribuciones regionales a la Declaración de Luarca se recopilaron en las declaraciones sobre el derecho humano a la paz adoptadas por personas expertas de la sociedad civil en La Plata, Argentina (noviembre 2008 y septiembre 2013); Yaundé, Camerún (febrero 2009); Bangkok, Tailandia (abril 2009); Johannesburgo, Sudáfrica (abril 2009), Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (octubre 2009); Alejandría, Egipto (diciembre 2009); La Habana, Cuba (enero 2010); Morphou, Chipre (octubre 2010); Caracas, Venezuela (noviembre 2010); Nagoya y Tokio, Japón (diciembre 2011); Slovenj Gradec, Eslovenia (octubre 2012); San José, Costa Rica (febrero 2012, 2013 y 2014); Oswiecim, Polonia y Londres, Reino Unido (mayo 2013).

Al final de la campaña mundial, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) adoptaron el 10 de diciembre de 2010 en un congreso internacional, la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz y los Estatutos del Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz (en adelante OIDHP)[2].

Este recorrido puso de relieve que una iniciativa legislativa conjunta de la sociedad civil y la academia, puede abrir el camino a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos[3], incluso en un campo particular –guerra y paz– que tradicionalmente se reserva a los representantes de los Estados soberanos.

Mientras la Declaración de Santiago recogió en términos jurídicos las aspiraciones de paz de las OSC de todo el mundo, los Estatutos del OIDHP aportaron a las OSC la estructura institucional apropiada, para promover y supervisar la aplicación de la Declaración de Santiago en todo el mundo.

Además, ambos textos —normativo e institucional— definieron la posición de las OSC ante el proceso de codificación oficial del derecho humano a la paz, que inició en 2010 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a instancias de la sociedad civil.

  1. EL CONTENIDO DEL DERECHO HUMANO A LA PAZ

El preámbulo de la Declaración de Santiago defiende una visión holística de la paz[4], pues esta no se limita a la estricta ausencia de conflicto armado (paz negativa). Tiene también una dimensión positiva orientada a alcanzar tres objetivos, a saber: en primer lugar, satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos, con miras a erradicar la violencia estructural originada en las desigualdades económicas y sociales mundiales. En segundo lugar, eliminar la violencia cultural (por ejemplo, violencia de género, familiar, en la escuela o el puesto de trabajo, etc.). En tercer lugar, la paz positiva requiere el efectivo respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin discriminación.

En consecuencia, el preámbulo de la Declaración de Santiago subraya la necesidad de establecer un nuevo orden económico internacional que elimine las desigualdades, la exclusión y la pobreza, porque son las causas básicas de la violencia estructural, la cual es incompatible con la paz, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, el nuevo orden económico internacional debe ser sostenible, con el debido respeto al medio ambiente. También debe dedicar al desarrollo económico y social de los pueblos, los recursos liberados por el desarme internacional, que deberá llevarse a cabo bajo un estricto y eficiente control internacional.

Los 29 párrafos del preámbulo de la Declaración de Santiago, también proporcionan el fundamento jurídico a los derechos reconocidos en la parte dispositiva, que a su vez constituyen los elementos principales del derecho humano a la paz (Parte I). Además, se hace una distinción entre derechos (Sección A: artículos 1 a 12) y obligaciones (Sección B: artículo 13). La Parte II se dedica al mecanismo de supervisión de la futura declaración de las Naciones Unidas (artículos 14-15). La Declaración finaliza con tres disposiciones.

El artículo 1 de la Declaración de Santiago reconoce los titulares (personas, pueblos, grupos y humanidad) y los sujetos obligados del derecho humano a la paz (Estados y organizaciones internacionales). Los artículos 2 a 12 desarrollan el contenido material del derecho humano a la paz, a saber: derecho a la educación en y para la paz y los derechos humanos (artículo 2); derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno sano y seguro (artículo 3); derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible (artículo 4); derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia (artículo 5); derecho de resistencia y oposición a la opresión (artículo 6); derecho al desarme (artículo 7); libertad de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión (artículo 8); derecho a obtener el estatuto de refugiado (artículo 9); derecho a emigrar y a participar (artículo 10); derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, justicia y reparación (artículo 11); y derechos de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad (artículo 12).

El artículo 13 de la Declaración de Santiago se refiere a las obligaciones de todos los actores internacionales para la realización del derecho humano a la paz. Mientras la responsabilidad principal de preservar la paz recae sobre los Estados y organizaciones internacionales (párrafos 2 a 6), todos los actores internacionales, incluyendo empresas, personas, grupos en sociedad, y la comunidad internacional en su conjunto, deben reconocer sus obligaciones para realizar el derecho humano a la paz.

En particular, los Estados tienen la responsabilidad de proteger a la humanidad del flagelo de la guerra. Esto, sin embargo, no implica autorización a ningún Estado para intervenir en el territorio de otros Estados. Además, toda acción militar fuera del marco de la Carta de las Naciones Unidas es contraria al derecho humano a la paz (párrafo 7).

Para garantizar la realización del derecho humano a la paz, el sistema de seguridad colectiva establecido en la Carta, debe ser fortalecido. Con este propósito, se deben revisar urgentemente la composición del Consejo de Seguridad (CS), el derecho de veto de los cinco miembros permanentes y los métodos de trabajo del mismo CS. Por último, debe permitirse a los representantes de la sociedad civil tomar parte en las reuniones ordinarias del CS (párrafo 8 del art. 13).

La supervisión de la aplicación de la futura declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a la paz (Parte II), se confía al grupo de trabajo sobre el derecho humano a la paz (artículo 14), compuesto por 10 personas expertas independientes, elegidas por la Asamblea General para un mandato de 4 años. Entre sus funciones principales (artículo 15), el grupo de trabajo debe promover el derecho humano a la paz; adoptar acciones urgentes; realizar investigaciones in loco sobre violaciones del derecho humano a la paz; presentar informes anuales a los órganos políticos relevantes de las Naciones Unidas; preparar un proyecto de convención internacional sobre el derecho humano a la paz; y contribuir a la elaboración de definiciones y normas relativas al crimen de agresión y a los límites jurídicos del derecho de los Estados a la legítima defensa.

Finalmente, las disposiciones finales sitúan a la Declaración de Santiago en el contexto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional de Derechos Humanos. También aseguran la prevalencia del principio pro persona. Por último, subrayan que todos los Estados deben aplicar de buena fe las disposiciones de la Declaración “adoptando las medidas pertinentes de carácter legislativo, judicial, administrativo, educativo o de otra índole, que fueran necesarias para promover su realización efectiva”.

  • LA CODIFICACIÓN EN LAS NACIONES UNIDAS

Las estrategias desarrolladas por el OIDHP y la AEDIDH, junto con 2.000 OSC, ciudades e instituciones públicas asociadas de todo el mundo, aseguraron que la Declaración de Santiago y sus trabajos preparatorios fueran tenidos debidamente en cuenta tanto por las 18 personas expertas del Comité Asesor, como por los 47 Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos.

El resultado fue inicialmente muy positivo, dado que la Declaración sobre el derecho a la paz que presentó el Comité Asesor al Consejo DH el 16 de abril de 2012, incluyó el 85% de las normas propuestas por la Declaración de Santiago.

Por su parte, el Consejo DH culminó cuatro años de trabajos preparatorios el 1 de julio de 2016 con la adopción de la resolución 32/28, por la que recomienda a la Asamblea General la aprobación de la Declaración sobre el derecho a la paz. Tal Declaración es claramente insuficiente pues, a diferencia de la Declaración de Santiago, no reconoce el derecho humano a la paz ni sus elementos esenciales.

En efecto, el art. 1 se limita a afirmar que “toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente el desarrollo”. Se añade en el art. 2 que “los Estados deben respetar, aplicar y promover la igualdad y la no discriminación, la justicia y el estado de derecho y garantizar la liberación del temor y la miseria, como medio para consolidar la paz dentro de las sociedades y entre estas”.

Aunque se presentó como un texto que representaba el consenso de los Estados, lo cierto es que la citada resolución fue adoptada por 34 votos a favor (Estados en vías de desarrollo africanos, asiáticos y latinoamericanos, además de China, Qatar, Federación de Rusia y Arabia Saudita), 9 en contra (Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Letonia, Macedonia -antigua República Yugoslava de-, Países Bajos, Reino Unido y República de Corea) y 4 abstenciones (Albania, Georgia, Portugal y Suiza). Con esa mayoría de votos, el texto de la Declaración pudo haber sido mucho más ambicioso.

La Asamblea General se deberá pronunciar sobre esta cuestión en diciembre de 2016. Las OSC rechazaremos la Declaración propuesta por el Consejo DH y continuaremos defendiendo la pertinencia de la Declaración de Santiago.

Luarca (España), agosto de 2016.

[1] Vid. RUEDA CASTAÑÓN., C. R. y VILLÁN DURÁN, C., (eds.), La Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz, 2ª ed., Granda-Siero, Madú, 2008, 560 p. Véase también VILLÁN DURÁN., C., “The human right to peace: A legislative initiative from the Spanish civil society”, Spanish Yearbook of International Law, XV (2011), p.143-171, y VILLÁN DURÁN, C., “Civil society organizations contribution to the Universal Declaration on the Human Right to Peace”, International Journal on World Peace, XXVIII, No. 4 (2011), pp. 59 – 126.

[2] Véase VILLÁN DURÁN., C. y FALEH PÉREZ, C., (eds.), Contribuciones regionales para una declaración universal del derecho humano a la paz. Luarca, AEDIDH, 2010, 638 p. Véanse los textos completos de la Declaración de Santiago y los Estatutos del OIDHP en diferentes idiomas en www. aedidh.org/?q=node/1852 y www. aedidh.org/?q=node/1855.

[3] Véase VILLÁN DURÁN., C. y FALEH PÉREZ., C., (Directors), The International Observatory of the Human Right to Peace. Luarca (España), AEDIDH, 2013, 545 p., at 34. Véase también SYMONIDES, J., “Towards the universal recognition of the human right to peace”, The International Affairs Review, 2006, Nº 1 (153), pp. 5 – 9, at 18 – 19.

[4] Véase FALEH PÉREZ., C.: “Civil society proposals for the codification and progressive development of international human rights law”, en VILLÁN, D., C. y FALEH PÉREZ, C., The International Observatory of the Human Right to Peace. Luarca, AEDIDH, 2013, pp. 105 – 132.

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