LA ÉTICA Y LOS IMPUESTOS

Horacio Ziccardi
Profesor UBA, miembro de la Comunidad San Gabriel.

Introducción

 

Ética e impuestos son dos conceptos que se han entrecruzado constantemente aunque no siempre en concordancia.

La ética, en esencia, proporciona una serie de criterios y marcos teóricos indispensables para normar la conducta haciendo al ser humano responsable y capaz de tomar decisiones a la luz de los valores universales.

Sin embargo el ser humano, como ser social por naturaleza, utiliza su inteligencia y su voluntad para realizar todas sus actividades, aunque muchas veces, la superficialidad, el hedonismo, la ignorancia y la indiferencia, no le permiten ser plenamente consciente de los actos que realiza por costumbre, evitando la reflexión que le permita juzgar y valorar todos los actos de su propia vida.

Veremos entonces al individuo, como miembro de la sociedad, en su carácter de sujeto de un deber ético en el acto de contribuir.

Por su parte, los impuestos son cargas obligatorias que las personas y las empresas tienen que pagar para financiar al Estado. En pocas palabras: sin los impuestos, el Estado no podría funcionar ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, etc.) y prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social como jubilación, desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales, etc.

Para su aplicación se tiene en cuenta, fundamentalmente, la capacidad contributiva que indica que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para respetar el principio constitucional de equidad.

Por ello, teniendo en cuenta la trascendencia del objetivo de los impuestos y la importancia de las necesidades sociales por cubrir, resulta un imperativo ético contribuir al sostenimiento del Estado a través del sistema impositivo y, por lo tanto, podemos decir que quien no lo hace, desarrolla un comportamiento inmoral y repudiable. Así en términos generales, pero la cuestión es muchísimo más compleja y requiere un análisis más detenido.

 

Evolución de la relación Estado-contribuyente

En el transcurso de la historia, el ser humano ha ofrecido tributos, pagado impuestos y contribuciones, actos que implican necesariamente la asunción de elementos éticos.

Estas obligaciones vienen de antiguo como lo leemos en el Levítico “Todo diezmo entero de la tierra, sea de los productos de la tierra, sea de los frutos de los árboles, pertenece a Yavé. Todo diezmo del ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el cayado, será cosa sagrada de Yavé” (Lev 30-32).

Se especifica en el Deuteronomio que la finalidad del diezmo es ayudar “al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que coman hasta saciarse” (Dt 26,11).

Estas reflexiones se refieren a la relación con              Dios. Sin embargo también los evangelios tratan la relación del contribuyente con el Estado y así, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si está permitido pagar el impuesto al César, respondió “Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22.21), de manera que independiza el aporte ordenado por Dios de aquél que corresponde como ciudadano.

Estos conceptos los reitera San Pablo en su carta a los Romanos, diciendo que todos deben someterse a las autoridades constituidas porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen han sido establecidas por Él señalando que “por eso también, ustedes deben pagar los impuestos: los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios encargados de cumplir este oficio… Den a cada uno lo que corresponde: al que se le debe el impuesto, el impuesto; al que se debe contribución, contribución; al que se debe respeto, respeto; y honor a quien le es debido” (Rom. 13, 6-7).

Fue Santo Tomás de Aquino quien en el siglo XIII, en su obra Suma Teológica, nos habló de la “justicia del impuesto”. Hasta allí había prevalecido la doctrina sustentada por los padres de la iglesia, los que basándose en el pasaje evangélico y en la carta de San Pablo, consideraban que correspondía el pago de los impuestos a los gobernantes, por tener estos, un poder recibido de Dios; siendo tal deber, por tanto, un deber moral, tanto si los impuestos eran justos como si no lo eran.

En cambio Santo Tomás consideró que el impuesto era justo y producía el deber moral de pagarlo si cumplía los siguientes cuatro principios:

  1. La causa final. Un impuesto solo es lícito cuando se dedica al bien común. Solamente se debe aprobar en el caso de que los representantes de la sociedad lo consideren justificado por los beneficios que para el bien común producirá la actividad a financiar con él.
  2. La causa eficiente. El impuesto debe ser aprobado por los representantes de la sociedad, aquellos a los que la constitución política conceda poderes para implantarlo. Además, tiene que ser exigido con las debidas garantías.
  3. La causa material. El impuesto debe gravar a quien tenga la capacidad económica suficiente para hacer frente a su pago. Es preciso que exista una realidad económica que posibilite la recaudación del tributo.
  4. La causa formal. La cuantía del impuesto debe guardar una adecuada proporción con la capacidad de pago del obligado para hacer frente a este. Este principio constituye “el requisito básico de la justicia del impuesto”.

Características de la imposición en la actualidad y la ética tributaria

La doctrina, a partir de Adam Smith, en su obra  Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones en 1776, fue estableciendo criterios que, como principios básicos, tomaron en cuenta las condiciones fijadas precedentemente y que llegan al día de hoy.  Considerando la situación argentina podemos decir que esos principios básicos han sido recogidos en normas constitucionales que sirven de sustento a la legislación positiva.

Así entonces, para la procedencia de la imposición debe respetarse, en primer término, el principio de legalidad, es decir que las normas fiscales deben estar aprobadas por el Congreso de la Nación. El segundo principio es el de igualdad que impide que haya diferencias en la carga del impuesto entendiendo por tal igual tratamiento a igualdad de capacidad tributaria. El tercero, el principio de proporcionalidad, que significa que debe estar equitativamente y proporcionalmente distribuidas las cargas fiscales en la población lo que no significa la prohibición de impuestos progresivos. El cuarto es el principio de no confiscatoriedad, en virtud del cual no se puede aplicar tributos que violen el derecho de propiedad.

Estos criterios se respetan en nuestro país a efectos del dictado de los respectivos gravámenes, pero sin embargo ello no es suficiente desde el punto de vista ético.

Por eso cabe señalar, que en materia de la imposición de tributos la ética exige el cumplimiento de distintas condiciones:

Así, en primer término, no basta que el tributo sea establecido por la autoridad legítima sino que además debe respetarse por las autoridades que administran esa imposición impidiendo la adopción de actitudes arbitrarias que obligan al cumplimiento de condiciones no previstas específicamente en la norma. Ello conlleva, desde ya, a la eliminación absoluta del uso del poder de esas autoridades para llevar adelante persecuciones políticas.

La segunda condición de una ética fiscal es que el sistema tributario tenga por fin obtener los recursos necesarios para atender las demandas de la sociedad y no buscar la solución para determinados factores de poder aun cuando ello se justifique en evitar daños supuestamente más graves.

La tercera condición, es que el gasto público sea gestionado con suficiente eficacia y honradez. El Estado debe evitar todo despilfarro de los fondos públicos, así como prevenir los abusos y las injusticias de sus funcionarios.

Por último la ética fiscal plantea que los tributos deben ser adecuados a la posibilidad de cada contribuyente, es decir respetar la capacidad económica de manera tal que las leyes fiscales deben contemplar la no gravabilidad, o hacerlo en mucha menor medida, a los menos pudientes y aumentando progresivamente en la medida que crecen las posibilidades económicas.

Es indudable que el no respeto de esos factores por parte de la administración puede implicar un rechazo de la obligación de pago de los tributos por parte de los contribuyentes, pero que quede claro que ellos no están legitimados para incumplir, pues el deber de contribuir conlleva un imperativo inseparable del individuo que vive en sociedad.

 Futuro. Oportunidad para cambiar

Todos los factores que hemos mencionado en los puntos anteriores nos indican que la marcha de la relación                         fisco-contribuyente debe estar imbuida del concepto de ética y para ello debe adaptarse y modificarse a efectos de formar una nueva cultura tributaria pues el momento que vive el país es oportuno para revisar los caminos seguidos y encarar una nueva visión ética tanto por el contribuyente como por las autoridades fiscales.

El contribuyente debe entender que dejar de pagar o evadir impuestos no soluciona nada, sólo promueve el fomento del individualismo. La consolidación de la conciencia social pasa necesariamente por la formación de la cultura contributiva.

Por ello su cuestionamiento por los desvíos efectuados por las autoridades fiscales en la aplicación correcta de los principios de la imposición no pasan por la evasión, sino por la exigencia clara y firme del respeto de estos y la vía para ello será mediante su actuación ciudadana.

Por su parte las autoridades fiscales deben extremar todos los recaudos necesarios para depurar la estructura de la administración tributaria de los integrantes corruptos o arbitrarios y, a la vez, tender al dictado de normas que sean claras y que permitan su aplicación mediante el respeto de la real capacidad económica, liberando a aquellos de menor poder adquisitivo.

Asimismo debe destinar los recursos exclusivamente al cumplimiento de los fines económicos y sociales previstos, cuidando celosamente de evitar su dispendio en gastos innecesarios o superfluos.

Está claro que el logro de este objetivo no es simple, pero es el camino que debemos proponernos para avanzar como sociedad, consiguiendo imponer la ética en la relación tributaria.

 

 

 

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