poder judicial

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PCIA DE BS AS

Por Antonio Carabio. 

Una de las formas más comunes y recurrentes de caer en el sentimiento de frustración es la pérdida de la visión del pasado y del futuro, de tal forma que nuestro inconformismo permanente, gracias al cual los argentinos progresamos a pesar de no tener las mejores condiciones para ello, relega y a veces sepulta la percepción del progreso social e institucional.

Tal como nos sucede en la vida cotidiana donde nuestros avances son rápidamente olvidados y en general caen en el olvido frente al inmenso horizonte de alternativas y posibilidades que se nos ofrece, así también ocurre con la evaluación de nuestra situación social e institucional la que además tiene que lidiar con el fatal “todo tiempo pasado fue mejor”.

La realidad indica que el tiempo presente y el futuro es y está mejor que el pasado y es un deber defenderlo y mejorarlo. Hemos cumplido dos siglos de Patria y sin ninguna duda estamos mejor que al comienzo.

Luego de esta larga introducción resulta menester otra breve referida a nuestra forma de gobierno, la elegida por los constituyentes: la república; opción que a mi humilde criterio es la mejor como sistema de gobierno actual.

Este sistema tiene como fundamento la elección del gobierno por la ciudadanía, existiendo sistemas directos e indirectos de distintos tipo.

Por último debe entenderse como gobierno a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Perdón por las menudas aclaraciones pero necesito explicar cuál es mi “marco teórico” y en él el poder judicial es uno de los poderes del gobierno, que necesariamente tiene que ser directa o indirectamente elegido por los ciudadanos.

Así como la República exige la división de los poderes del gobierno, también exige que la voluntad popular sea expresada al momento de la designación de los jueces y magistrados del poder judicial.

El sistema inicialmente elegido por la Constitución Nacional de 1853,  luego reproducido con variantes en las constituciones provinciales es el indirecto, que determina que los representantes populares que integran el Senado y el Presidente sean quienes eligen y designan los Jueces y Magistrados del Poder Judicial.

Este sistema, que funcionara hasta 1994, era motivo de severas críticas, tanto en el fuero nacional como en los provinciales, puesto que los jueces y demás magistrados sólo debían contar con el respaldo político del Senado y del Poder Ejecutivo para obtener la designación, sin que fuera menester contar con otro antecedente.

Aunque el funcionamiento del sistema judicial no resulta ser una circunstancia que motive la atención pública o del periodismo en forma permanente y profunda, los sectores involucrados, tanto abogados como jueces y políticos, iniciaron el tratamiento, primero dentro del ámbito académico y gremial y luego en forma de proyectos de reforma constitucional, proponiendo algún sistema que permitiera una mejor selección de los postulantes.

Ello quedó plasmado en las reformas constitucionales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires de 1994.-

Aunque con regímenes distintos, sendas constituciones establecieron un sistema de selección que se ha denominado Consejo de la Magistratura. Insisto en el concepto, es un sistema de selección previa a la designación, no es un sistema de remoción de jueces y demás magistrados.

Hablando sencillamente, es un filtro que permite evaluar a los postulantes en sus aspectos de salud, académicos y entrevistarlos personalmente antes de conformar las ternas que serán consideradas luego por el Senado y posteriormente por el Poder Ejecutivo.

Entonces, antes de ser confeccionadas las ternas de candidatos que será elevada en la Nación al Poder Ejecutivo y en la provincia al Senado, los postulantes deben cumplir con distintas exigencias.

La normativa específica dispone:

Constitución Nacional

Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

  1. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

Serán sus atribuciones:

  1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores.
  2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
  3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.
  4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
  5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente.
  6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Constitución de la provincia de Buenos Aires

Artículo 175.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador general, serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros.

Los demás jueces e integrantes del Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo, de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública.

Será función indelegable del Consejo de la Magistratura seleccionar los postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación. Se privilegiará la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.

El Consejo de la Magistratura se compondrá, equilibradamente, con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia. El Consejo de la Magistratura se conformará con un mínimo de quince miembros. Con carácter consultivo, y por departamento judicial, lo integrarán jueces y abogados; así como personalidades académicas especializadas.

En primer lugar deben rendir un examen académico riguroso que cuenta con un elevado nivel de seguridad para evitar fraudes.

En segundo término los postulantes deberán someterse a un estudio médico y psicológico que determina su capacidad para ocupar el cargo al que aspira.

Luego de ello debe mantener una entrevista con los Consejeros en forma directa, sin intermediación, donde son considerados los aspectos personales y su compromiso con las instituciones democráticas y los derechos humanos.

A partir de la sanción de 1a Ley 13553 de la provincia de Buenos Aires, se dispuso además que el Consejo de la Magistratura local pusiera en marcha la Escuela Judicial.

“Crear, organizar y dirigir la Escuela Judicial, la que establecerá métodos teóricos, prácticos e interdisciplinarios de preparación, motivación y perfeccionamiento para el acceso y el ejercicio de las funciones judiciales. Deberá contemplar una organización descentralizada, con representación en cada Departamento Judicial y garantizará la pluralidad académica, doctrinaria y jurisprudencial”.

 Tal decisión legislativa impuso dos objetivos centrales. El primero es la necesidad de capacitarse para el ejercicio de la función. Dicha capacitación ya no puede limitarse, como hace medio siglo, sólo a una formación especializada en Derecho. Se requieren otros conocimientos para el ejercicio de una magistratura actualizada, responsable y dirigida a resolver los problemas de la comunidad y del propio ámbito de trabajo. Hoy, un magistrado suficientemente capacitado es aquel que tiene permanentemente presente los fundamentos éticos de su trabajo, conoce aspectos centrales de la gestión judicial y de técnicas de resolución y composición de conflictos, tanto en el ámbito de las controversias que le son sometidas, como en el relevante aspecto de la gestión de su propio tribunal, el que debe planificar su actuar cotidiano.

A fines de ese año egresaron los primeros sesenta graduados de la Escuela, cuyos diplomas fueron entregados en marzo de 2014.

Asimismo, el Plenario del Consejo, por resolución de marzo de 2014, ha resuelto considerar antecedente relevante para los concursos el haber concluido el plan de estudios de la Escuela Judicial.

He integrado el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y la experiencia cotidiana y la de la discusión y debate para la conformación de las ternas me resultó sorprendente.

La preparación y seriedad de los consejeros para resolver entre dieciocho integrantes sobre la conformación de ternas que cuentan siempre con más postulantes que cargos, revela el compromiso asumido para ejercer la función que les toca.

Se tiene plena conciencia del significado de la postulación de la persona que más tarde decidirá sobre nuestra libertad y patrimonio.

Es cierto que, como lo exige el sistema republicano, la designación final recae sobre instituciones políticas, pero el nivel de discrecionalidad se ve limitado por la elevación del nivel de la oferta de postulantes, como se advierte en el gráfico.

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